Una ley para atarnos a todos. Una ley para devolvernos al pasado.

Perdón por la licencia literaria, pero es que la realidad supera con creces a la ficción. En este caso, el anillo que nos atará a todos será la nueva ley de protección ciudadana. Esta vez, como antaño diría nuestro último dictador (de momento) “queda todo atado y bien atado”.

Y es que esta ley debería llamarse de protección política, pues su función no es la de proteger a la ciudadanía, sino proteger a los políticos de ella. En un momento en el que las condiciones de vida se vuelven miserables, que podemos ver a gente que antes se consideraba de clase media rebuscando en la basura, o pasando frio en su propia casa por no poder encender la calefacción, o directamente quedándose sin casa, expropiados por un banco que ya se ha quedado con miles de millones de dinero público, en un momento como éste, el ministro del interior se saca de la manga la ley más represora desde el franquismo. Sí, desde entonces. No vaya a ser que nos dé por levantarnos a todos y mandar a nuestros políticos al carajo, que es donde deberían estar desde hace mucho.

Con esta nueva ley de represión ciudadana, manifestaciones y protestas como las del 15-M estarán prohibidas, a pesar de haber servido de altavoz a la ciudadanía sin haber generado apenas altercados. No se podrá acompañar a víctimas de desahucios, pues supondrá dificultar el trabajo de funcionarios. No se podrán recoger firmas o repartir propaganda política en lugares públicos (sin permiso de la autoridad competente, que sólo autorizará lo que convenga a sus intereses). No se podrán pronunciar expresiones que ofendan a España o proferir injurias contra las instituciones o autoridades. Y en cuanto al proceso sancionador, olvídense del juicio justo. Ahora se prefiere la vía administrativa, y las condenas se han tornado en multas que pueden llegar a 30.000 euros por insultar a un político, o tratar de impedir que el banco expulse de su casa a una anciana. Así estamos todos callados mientras nos siguen recortando derechos. Y si te empeñas en ir a juicio, las tasas que el ministro Gallardón nos ha impuesto te harán entrar en razón. “Calladito y a casa” es lo que nos dicen estas leyes.

Además, es una ley que ha suscitado un increíble consenso en su contra por parte de todos los grupos políticos y profesionales. Las asociaciones de jueces se oponen por su autoritarismo, ya que no ofrece garantías democráticas y puede convertirse en un arma represora y arbitraria. La Policía y la Guardia Civil se han opuesto por su carácter innecesario, además de por la incipiente privatización de la seguridad. Dentro de poco podremos ser registrados y detenidos por la seguridad del Mercadona.

Y cuidado con el nuevo registro de sancionados, pues a todos los condenados por esta ley se les introducirá en una especie de lista negra cuyo uso no se ha especificado. Visto lo visto, aquellos que protesten que se olviden de cobrar el paro o cualquier clase de prestación. Dentro de poco estaremos atados de pies y manos, amordazados por el miedo y la pobreza. Pobreza económica la nuestra, intelectual la suya.

Y a jueces, abogados y policías se han unido las instituciones europeas que, en voz del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, han criticado el carácter desequilibrado y autoritario de esta ley, que menoscaba los derechos fundamentales de los españoles.

Esta ley, que protege a los políticos de nuestras críticas, nos deja indefensos frente a sus desmanes y falta de decencia, nos devuelve al franquismo, por si acaso se nos había olvidado de donde vienen nuestros gobernantes.

by Marcel.

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